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DESDE PERU...Y CON RESPECTO A LA MINA DE ORO DE ESQUEL- CHUBUT-PATAGONIA ARGENTINA
Se acuerdan del alcalde peruano en el departamento de Huallanca que vino a dar una charla sobre el desarrollo de la minería en Perú?
Aqui te mando alguna informacion sobre la situacion de la mineria en el Peru , Huallanca es un distrito que queda en el departamento de Ancash, zona de constante conflicto con las empresas mineras. Si han llevado a alguien de esa zona para demostrar los beneficios de la mineria es que esos señores inversionistas , son de temer. Aqui el proceso es muy grave han llegado hasta asesinar dirigentes.
En los dias siguientes buscare mas informacion.Acabo de leer tu carta y te mando lo que tengo a la mano. Ese alcade que llevaron es Luis Barrenechea, si no me equivoco , ya dare datos sobre el .
Te envio el afiche de la reciente marcha que tuvimos.
Saludos
Departamento de
Ancash
Desde las montañas al mar, desde San Marcos hasta Huarmey
1.- Empresa: Compañía Minera Antamina
Provincias afectadas: Bolognesi y Huarmey
El establecimiento de la mina ha provocado grandes expectativas en la población local y regional, alrededor de posibles impactos positivos sobre empleo, ingreso yencadenamiento con nuevas opciones productivas, pero hasta ahora sólo está provocando reclamos y frustraciones en algunos sectores sociales locales.
La Compañía Minera Antamina compró tierras a campesinos del distrito de San Marcos para el desarrollo de sus operaciones mineras, comprometiéndose al pago correspondiente y, si fuera necesario, a la reubicación de las familias y la reconstrucción de sus viviendas. La compra de tierras comunales ha generado el desplazamiento de la población y ahora los conflictos no sólo son por la reubicación, sino también por delimitar las áreas adquiridas por la empresa.
Para Huarmey, ciudad tradicionalmente pesquera, los problemas empezaron en 1998, cuando Antamina inició sus actividades sin cumplir con la debida consulta a la población, ni informar adecuadamente sobre los impactos ambientales de la construcción de un mineroducto y un muelle de embarque de minerales, que actualmente son las principales causas del conflicto.
Actualmente se ha destacado la contaminación de zonas de cultivo y de algunos centros poblados circundantes, mientras que en San Marcos, la empresa no ha cumplido con la reubicación del caserío de Chipta-Pincullo. Además, el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) plantea que las aguas residuales y contaminadas del proceso de filtrado de minerales (cobre, y zinc) en la tierra serán descargadas al mar, particularmente si se presenta el fenómeno de El Niño.
Entre mayo y junio del 2001 se realizaron dos paros regionales en los que se acusó a la empresa minera de ocultar información sobre los impactos negativos que ocasionará. La sociedad civil de Huarmey demanda una revisión exhaustiva e independiente del EIA y el respeto de su derecho a participar en el monitoreo y vigilancia de los aspectos ambientales y sociales de esta actividad minera.
2.- Empresa: Barrick Misquichilca S.A.
Provincia afectada: Huaraz
Barrick Misquichilca explota la mina de oro denominada Pierina. En áreas de influencia de la mina se están produciendo deslizamientos de tierras que afectan a los pobladores de la comunidad de Atupa. Asimismo existen indicios que la colocan en situación de riesgos reales de contaminación por relaves (con cianuro), pese a las medidas de defensa y previsión de la empresa minera, como se ha mostrado recientemente en reportajes televisivos.
Otro aspecto aún no previsto está relacionado con las implicancias económicas de la explotación actual versus los impactos derivados de su retiro, luego de agotarse la explotación, dentro de aproximadamente 10 años.
Diagnóstico nacional de las comunidades
Entre diciembre de 1993 y julio del 2000, la minería pasó a ocupar de 440 mil hectáreas por nuevos petitorios para exploración y explotación a 10 millones de hectáreas, mientras los antiguos propietarios redujeron sus tierras de 10 millones de hectáreas a 2.5 millones. Esto ha comprometido a 3326 comunidades campesinas a nivel nacional de las 5680 reconocidas por el Programa Especial de Titulación de Tierras (PETT).
Incumplimiento del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El Estado peruano no cuenta con procedimientos de consultas adecuados para los pueblos indígenas respecto de las medidas legislativas sobre política económica.
Hay una débil fiscalización y monitoreo desde el Estado, que es propietario o accionista de empresas mineras y, a la vez, regulador de la política del sector, fiscalizador del cumplimiento de las normas ambientales y promotor de las inversiones mineras.
No existe una efectiva participación de las comunidades en la política ambiental del sector minero, ya que esta se limita a las audiencias públicas en el distrito minero para opinar sobre el Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Cuando alguien quiere denunciar un delito ecológico debe hacerlo ante el Ministerio de Energía y Minas, adjuntando un informe técnico firmado por un auditor ambiental, el cual no puede ser pagado por las comunidades que no cuentan con recursos económicos.
Promulgación de leyes inconstitucionales: 26505 (Ley de Tierras), 26570 (Ley de Servidumbre Minera), que violan la Constitución en los puntos referentes a la propiedad de la tierra.
La compra de tierras a propietarios individuales y comunitarios para actividades de explotación se ha producido a un valor no real. En muchos casos, los pobladores han sido desplazados sin ser reubicados adecuadamente.
La prioridad otorgada por el Estado al sector minero sobre la agricultura, la industria, la pesca y los demás sectores ha llevado a desarrollar un marco favorable a la minería (acceso a yacimientos, mano de obra barata, regulación ambiental flexible y beneficios tributarios); pero también ha generado conflictos ambientales y territoriales de gran dimensión.
La poca voluntad del Estado para resolver conflictos socio ambientales entre comunidades y empresas mineras, por el acceso, uso y control de los recursos agua y suelo, ha provocado que las comunidades intenten llamar su atención con manifestaciones públicas para que sus demandas sean atendidas.